La situación fiscal de Chile ha sido un tema recurrente en el debate público, especialmente en el contexto de las elecciones presidenciales. La creciente preocupación por el déficit estructural y la sostenibilidad de las finanzas públicas ha llevado a la necesidad de explorar medidas concretas para ajustar el gasto público. Un estudio reciente del Centro de Estudios Públicos (CEP) ha identificado 20 áreas donde se podrían realizar ajustes significativos, lo que podría traducirse en una reducción del gasto fiscal de entre 3.600 millones y 6.000 millones de dólares anuales.
### Contexto del Déficit Fiscal en Chile
El déficit fiscal crónico ha sido un desafío constante para el país, generando un aumento en la deuda pública y dificultando el cumplimiento de compromisos financieros. Según Rodrigo Vergara, investigador senior del CEP, es crucial generar espacio fiscal sin recurrir a aumentos impositivos, especialmente en un contexto de bajo crecimiento económico. El estudio del CEP se basa en un análisis exhaustivo que incluye entrevistas con expertos y una revisión de la oferta programática del Estado, lo que ha permitido identificar áreas específicas donde se puede reducir el gasto.
Las 20 líneas de acción propuestas se dividen en dos categorías: aquellas que pueden implementarse a corto plazo y aquellas que requieren un enfoque más a mediano plazo. De las 20 propuestas, 15 están orientadas a reducir el gasto público, mientras que cinco buscan contener el crecimiento del gasto futuro. Esta clasificación es fundamental para entender cómo se pueden abordar las medidas de manera efectiva y en qué plazos se pueden implementar.
### Espacios de Ajuste Identificados
Entre las medidas más destacadas se encuentra la reducción del uso del Subsidio de Incapacidad Laboral (SIL), que representa un costo significativo para el Estado. Esta medida, que podría generar un ahorro del 0,19% del PIB, requiere cambios legislativos y es considerada de mediano plazo. Además, el estudio sugiere la necesidad de ajustar programas públicos que han sido mal evaluados o que presentan altos costos administrativos.
Otro aspecto relevante es la creciente atomización de la oferta programática del Estado. En la última década, el número de programas públicos ha aumentado de 478 en 2012 a más de 700 en 2024. Esta expansión ha llevado a una dispersión del gasto que dificulta la gestión y evaluación de los programas. Tomás de la Maza, uno de los autores del estudio, señala que muchos de estos programas son de bajo impacto y que es necesario racionalizar la oferta para concentrar recursos en iniciativas más efectivas.
La propuesta de reducir el número de ministerios y subsecretarías también se menciona como una medida importante. Desde 2010, el número de ministerios ha crecido de 18 a 25, lo que ha incrementado la complejidad de la coordinación gubernamental y los gastos administrativos asociados. La fusión de carteras podría resultar en un ahorro significativo, estimado entre el 0,04% y el 0,09% del PIB.
Además, el estudio aborda el tema del ausentismo por licencias médicas en el sector público, que ha aumentado en la última década. Se proponen medidas para reducir el uso excesivo de licencias médicas, equiparando el nivel de uso entre el sector público y privado, lo que podría representar un ahorro de aproximadamente 0,35% del PIB.
### Implementación y Desafíos
La implementación de estas medidas no está exenta de desafíos. Cada línea de acción presenta diferentes grados de complejidad, ya sea en términos técnicos o de economía política. La necesidad de cambios legislativos para algunas de las propuestas puede generar resistencia política, lo que complicaría su ejecución. Sin embargo, el consenso entre los expertos es que es esencial abordar el gasto público de manera responsable y efectiva para garantizar la sostenibilidad fiscal del país.
El estudio del CEP no solo busca identificar áreas de ajuste, sino también fomentar un debate informado sobre la necesidad de una revisión integral de la oferta programática del Estado. Esto implica eliminar duplicidades y priorizar iniciativas que realmente impacten en el bienestar social. La racionalización del gasto no debe interpretarse como un desinterés por las necesidades sociales, sino como un esfuerzo por liberar recursos que puedan ser utilizados de manera más eficiente.
En resumen, el análisis del CEP ofrece un marco valioso para entender cómo Chile puede enfrentar su déficit fiscal. Las propuestas identificadas no solo son un llamado a la acción, sino también una invitación a repensar la estructura del gasto público en el país. La implementación de estas medidas podría ser un paso crucial hacia una gestión fiscal más responsable y sostenible.
