Recientemente, la Unidad de Alimentos de la Seremi de Salud de Antofagasta llevó a cabo una fiscalización en el sector Ricaventura de La Chimba, donde se prohibió el funcionamiento de dos food trucks debido a graves infracciones sanitarias. Esta acción es parte de un esfuerzo más amplio para garantizar la seguridad alimentaria y la salud pública en la región, especialmente en un contexto donde la demanda de comida rápida ha crecido significativamente.
Los food trucks involucrados, conocidos como «La Fonda del Pirata» y «Break Food», fueron objeto de un sumario administrativo tras ser encontrados en condiciones que ponían en riesgo la salud de los consumidores. Durante la inspección, se detectaron múltiples irregularidades, incluyendo la falta de resolución sanitaria, conexiones eléctricas irregulares y ausencia de patentes comerciales. Además, se constató la presencia de contaminación cruzada de alimentos, lo que representa un riesgo inminente para la salud pública.
### Falencias Sanitarias y Riesgos para la Salud
La Seremi de Salud, Leonor Castillo, explicó que los food trucks no solo carecían de la documentación necesaria, sino que también presentaban condiciones de higiene deficientes. En particular, se observó que no contaban con lavamanos ni lavaplatos, lo que es fundamental para la manipulación segura de alimentos. La falta de acceso a baños tanto para trabajadores como para clientes agrava aún más la situación, creando un entorno propenso a la propagación de enfermedades.
Los inspectores encontraron alimentos almacenados a temperatura ambiente, así como vegetales y productos cárnicos en condiciones inadecuadas. La ausencia de áreas diferenciadas para la manipulación de alimentos también contribuyó a la contaminación cruzada, lo que podría llevar a brotes de enfermedades transmitidas por alimentos. Castillo enfatizó que estas condiciones son inaceptables y que se tomarán medidas severas para proteger la salud de la comunidad.
La intervención no solo se limitó a los food trucks mencionados. Durante la misma operación, se realizó una fiscalización adicional al food truck «La Valdiviana», el cual no presentó deficiencias, lo que demuestra que no todos los operadores de este tipo de negocios están incumpliendo las normativas sanitarias.
### Coordinación Interinstitucional para la Seguridad Pública
La fiscalización fue parte de una estrategia más amplia que involucra la colaboración entre diferentes entidades gubernamentales. El Servicio de Impuestos Internos (SII) y Carabineros de la 5° Comisaría La Portada también participaron en la operación, realizando controles de identidad y vehiculares en la zona. Esta coordinación es crucial para abordar las preocupaciones de la comunidad y responder a las denuncias sobre la calidad de los servicios de alimentación en la región.
El Seremi de Seguridad Pública, Jorge Cortés-Monroy, destacó la importancia de estas fiscalizaciones, señalando que son una respuesta a las demandas de los dirigentes sociales y vecinales de La Chimba. La comunidad ha expresado su preocupación por la proliferación de food trucks que operan sin las licencias adecuadas y en condiciones inseguras. Cortés-Monroy afirmó que el objetivo es redoblar los esfuerzos para garantizar la salud y seguridad de los vecinos, y que se tomarán las medidas necesarias para retirar los vehículos que no cumplan con la normativa.
Los antecedentes de esta fiscalización serán entregados a la Municipalidad de Antofagasta, ya que los food trucks operan en áreas de uso público y representan un riesgo tanto para la salud como para la seguridad de los ciudadanos. La intervención es un claro ejemplo de cómo las autoridades están tomando medidas proactivas para asegurar que los servicios de alimentación cumplan con los estándares requeridos.
La situación de los food trucks en Antofagasta pone de relieve la necesidad de una regulación más estricta y de un monitoreo constante para garantizar que todos los establecimientos de comida rápida operen de manera segura y legal. La comunidad tiene derecho a exigir condiciones adecuadas de higiene y seguridad alimentaria, y es responsabilidad de las autoridades asegurar que se cumplan estas normativas. La fiscalización reciente es un paso en la dirección correcta, pero se requiere un compromiso continuo para mantener la salud pública en la región.
