A finales de abril, Banco Itaú tomó una decisión drástica al presentar una demanda contra Nevasa Corredores de Bolsa y seis individuos, a quienes acusa de facilitar un fraude que ha costado al banco una suma millonaria. Entre los demandados se encuentran ejecutivos de la corredora, incluyendo a Rodrigo Flores, exsubgerente de FX Spot y Monedas, y varios operadores de la plataforma Datatec de Nevasa. La demanda detalla un esquema que involucró la ejecución de 426 operaciones de compraventa de dólares a través de la mencionada plataforma, muchas de las cuales fueron realizadas por Flores, quien supuestamente manipuló los tipos de cambio, generando pérdidas significativas para el banco.
La acción legal presentada en el 8° Juzgado Civil de Santiago no es la primera que Itaú lleva a cabo en este caso. El 7 de febrero, el banco había presentado una querella por administración desleal, que posteriormente amplió el 11 de abril, incluyendo a los inversionistas Lázaro Ventura Calderón y su hijo Yair Ventura Arraztoa. Según la demanda, estos inversionistas fueron los beneficiarios finales del esquema fraudulento, ya que mantenían cuentas en Nevasa y recibían directamente los dólares adquiridos a un tipo de cambio favorable. A pesar de que ambos realizaron un pago parcial a Itaú, el banco decidió no incluirlos en esta demanda, renunciando a la solidaridad pasiva respecto a ellos.
Itaú ha solicitado al tribunal que se tomen medidas precautorias para asegurar que, en caso de ganar el juicio, los acusados tengan los bienes suficientes para cubrir el monto demandado, que supera los $14.309 millones. Esto incluye la congelación de propiedades, cuentas bancarias y otros activos de los demandados. Para ello, el banco ha solicitado información al Conservador de Bienes Raíces de Santiago y a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) sobre las inversiones y cuentas corrientes de los acusados. Además, ha pedido que se ordene a los bancos que proporcionen información sobre los saldos disponibles en las cuentas de los demandados.
La preocupación de Itaú radica en el temor de que los acusados intenten ocultar sus bienes para evitar cumplir con una posible condena. En su demanda, el banco argumenta que los involucrados han actuado de manera fraudulenta y planificada durante años, lo que les lleva a pensar que podrían utilizar tácticas similares para eludir sus responsabilidades. El banco ha señalado que los demandados no tienen el patrimonio suficiente para responder por los daños causados, ya que, por ejemplo, Rodrigo Flores posee bienes valorados en aproximadamente $269 millones, mientras que Nevasa tiene activos por unos $558 millones. En total, los bienes de todos los demandados apenas alcanzan los $827 millones, lo que representa solo un 7% del monto que Itaú está reclamando.
Además, el banco ha alertado sobre movimientos sospechosos, como la transferencia de una propiedad por parte de Rodrigo Flores a una sociedad llamada Inversiones Santa Emilia SpA, en la que él tiene casi el 100% del control. Esta maniobra, realizada mediante un aumento de capital en enero de 2025, podría interpretarse como un intento de mover bienes fuera de su patrimonio personal para evitar que el banco pueda embargarlos.
La situación ha generado un gran interés en el sector financiero y legal, ya que pone de manifiesto las vulnerabilidades en el sistema de corretaje y la necesidad de una mayor regulación para prevenir fraudes similares en el futuro. La demanda de Itaú no solo busca recuperar los fondos perdidos, sino también establecer un precedente en la lucha contra el fraude financiero en el país. La resolución de este caso podría tener implicaciones significativas para la confianza en el sistema bancario y en las corredoras de bolsa, así como para la regulación del mercado financiero en general. A medida que avanza el proceso judicial, se espera que surjan más detalles sobre las operaciones fraudulentas y la responsabilidad de los involucrados, lo que podría llevar a un escrutinio más profundo de las prácticas en el sector financiero.
