La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) ha tomado una decisión significativa al sancionar a dos altos ejecutivos de Clínica Las Condes (CLC), una de las instituciones de salud más reconocidas en Chile. Esta sanción se centra en la falta de cumplimiento de las formalidades legales necesarias para la presentación de una demanda, lo que ha generado preocupaciones sobre el gobierno corporativo de la clínica. La penalización fue impuesta al exgerente general Jerónimo García y al expresidente del directorio Alejandro Gil, quienes actuaron sin la debida autorización del directorio.
La CMF determinó que ambos ejecutivos habían presentado una querella en mayo de 2021 contra el exgerente general Fredy Jacial Ellis, acusándolo de administración desleal. Sin embargo, la formalización de esta acción legal no se realizó de acuerdo con los procedimientos establecidos. Según el comunicado de la CMF, el acta que respaldaba la decisión del directorio fue enviada para su revisión y firma varios días después de que se presentó la querella, lo que significa que no existía un respaldo formal en el momento de la acción.
### Implicaciones del Caso
La sanción impuesta a García y Gil no solo pone de relieve la importancia de seguir los procedimientos legales en el ámbito corporativo, sino que también plantea preguntas sobre la cultura de gobernanza dentro de Clínica Las Condes. La CMF subrayó que la conducta de los sancionados no fue un simple descuido administrativo, sino una violación clara de las normas que rigen el funcionamiento de las juntas directivas.
El hecho de que la acta del directorio no estuviera debidamente firmada y que no existiera un acuerdo explícito para proceder con la demanda sin la aprobación formal, introduce un riesgo significativo en la gestión de la clínica. Esto es especialmente preocupante en un sector tan delicado como el de la salud, donde las decisiones pueden tener un impacto directo en la vida de los pacientes y en la reputación de la institución.
La CMF también destacó que no había antecedentes previos de irregularidades por parte de Gil y García en los últimos cinco años, lo que sugiere que esta situación podría ser un caso aislado o un síntoma de problemas más profundos en la gestión de la clínica. La nueva administración, que incluye a Euroamérica y Clínica Indisa, ha comenzado a investigar irregularidades contables que datan de la era de Gil, lo que podría llevar a más acciones judiciales en el futuro.
### Contexto Judicial y Repercusiones
La querella presentada por García y Gil contra Jacial fue finalmente sobreseída, lo que significa que no se procedió con la acción legal. Sin embargo, esto no exime a los ejecutivos de las consecuencias de su falta de cumplimiento con las normativas. La CMF ha dejado claro que el desarrollo de la acción judicial no es relevante para la sanción impuesta, lo que indica que el enfoque está en la conducta de los ejecutivos y no en el resultado de la querella.
Además, el caso ha generado un efecto dominó en la administración de Clínica Las Condes. La nueva gestión ha encontrado irregularidades contables que ascienden a casi $73 mil millones, lo que ha llevado a la administración a preparar acciones judiciales para abordar estas inconsistencias. Esto pone de manifiesto la necesidad de una revisión exhaustiva de las prácticas de gobernanza y administración dentro de la clínica.
La situación en Clínica Las Condes es un recordatorio de la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en el sector corporativo, especialmente en instituciones que manejan la salud de la población. La CMF ha dejado claro que la falta de cumplimiento con las normativas no será tolerada, y que las sanciones son necesarias para mantener la integridad del mercado financiero y la confianza del público en las instituciones de salud.
En resumen, el caso de Clínica Las Condes es un ejemplo claro de cómo la falta de atención a los procedimientos legales puede tener repercusiones significativas en la gestión de una empresa. La CMF ha actuado con firmeza para sancionar a los responsables y ha puesto de relieve la necesidad de una cultura de gobernanza sólida que priorice la legalidad y la ética en la toma de decisiones. A medida que la nueva administración avanza en la corrección de las irregularidades encontradas, será crucial observar cómo se desarrollan los acontecimientos y qué medidas se implementan para evitar que situaciones similares ocurran en el futuro.
