En un reciente informe, la Contraloría General de la República ha puesto en evidencia las deficiencias en el control de operaciones en la Dirección General de Crédito Prendario (Dicrep), conocida popularmente como la «Tía Rica». Este organismo fiscalizador ha señalado que, en el año 2023, se registraron 4.769 usuarios que realizaron entre 10 y 229 operaciones de empeño, acumulando un total de $7.139 millones. Esta situación ha generado preocupación, ya que la falta de controles adecuados podría estar facilitando actividades ilícitas y afectando a los más vulnerables en el sistema de empeños.
La situación se ha vuelto aún más alarmante al observar que en 2024, el número de usuarios aumentó a 4.895, con operaciones que alcanzaron los $7.290 millones y una frecuencia de hasta 230 empeños por persona. Este incremento en las transacciones plantea interrogantes sobre la regulación y supervisión de estas actividades, especialmente considerando que 1.681 de estos usuarios tenían antecedentes penales y no lograron recuperar las especies empeñadas.
### Deficiencias en el control y verificación de datos
El informe de la Contraloría destaca que la Dicrep carece de procedimientos básicos para verificar la identidad de los usuarios y la procedencia lícita de los bienes empeñados. Esta falta de control ha permitido que personas con antecedentes penales realicen operaciones sin restricciones, lo que podría estar contribuyendo a un ciclo de endeudamiento y pérdida de bienes para los más desfavorecidos. Además, se ha revelado que no existe un sistema de alertas para identificar operaciones reiteradas, lo que podría facilitar el lavado de activos y otras actividades delictivas.
La Contraloría ha señalado que la falta de coordinación con las fuerzas policiales es otro de los puntos críticos en la gestión de la Dicrep. A pesar de que muchos de los bienes empeñados tienen características que podrían ser útiles para investigaciones, como números de serie y modelos, no se han establecido protocolos para compartir esta información con las autoridades competentes. Esta desconexión entre la Dicrep y las fuerzas del orden no solo pone en riesgo la integridad del sistema de empeños, sino que también afecta la seguridad pública.
### Acciones a seguir y recomendaciones
Ante estas revelaciones, la Contraloría ha decidido remitir el informe al Ministerio Público para que se tomen las acciones pertinentes. Además, se ha ordenado a la «Tía Rica» que fortalezca sus controles internos y se implementen procedimientos más rigurosos para la verificación de datos. Se espera que en un seguimiento posterior se evalúe el cumplimiento de estas recomendaciones y se determinen responsabilidades administrativas en caso de ser necesario.
La situación actual de la Dicrep pone de manifiesto la necesidad de una revisión exhaustiva de las políticas y procedimientos que rigen el sistema de empeños en Chile. La falta de control no solo afecta a los usuarios, sino que también puede tener repercusiones en la seguridad y bienestar de la comunidad en general. Es fundamental que se implementen medidas efectivas para garantizar que las operaciones de empeño se realicen de manera transparente y segura, protegiendo así a los más vulnerables y evitando que el sistema sea utilizado para actividades delictivas.
La Contraloría ha dejado claro que la situación actual no puede continuar y que es imperativo que se tomen medidas inmediatas para corregir estas deficiencias. La confianza en el sistema de empeños es crucial para su funcionamiento y para la protección de los derechos de los usuarios. La implementación de controles más estrictos y la coordinación con las autoridades son pasos necesarios para asegurar que la «Tía Rica» cumpla con su función de manera responsable y ética.
