A menos de 24 horas de que el gobierno anunciara su intención de expropiar 100 de las 215 hectáreas del terreno donde se encuentra la megatoma del cerro Centinela, en San Antonio, los propietarios del terreno ya se preparan para lo que anticipan será una intensa batalla judicial. Este anuncio ha generado un impacto inmediato entre los dueños del predio, la Inmobiliaria y Constructora San Antonio S.A., quienes se mostraron sorprendidos por la decisión del Ejecutivo. En este contexto, los propietarios y sus abogados sostuvieron una reunión clave para explorar las estrategias legales que emplearán para defender sus intereses.
Uno de los puntos críticos en este proceso ha sido el precio de la expropiación. Según el anuncio realizado en La Moneda, el gobierno pretende expropiar el terreno a un valor de 0,23 UF por metro cuadrado, lo que implicaría un desembolso total de $10.961 millones. Sin embargo, la expectativa de la inmobiliaria durante las negociaciones era de 0,40 UF por metro cuadrado. Esta diferencia de valoración ha sido motivo de descontento y ha llevado a los propietarios a solicitar audiencias con el Ministerio del Interior, Vivienda y Bienes Nacionales para discutir el tema.
Desde la perspectiva de los propietarios, la expropiación parece ser parte de una estrategia del gobierno para evitar el desacato a un fallo de desalojo. En este sentido, han dejado claro que no aceptarán el valor propuesto por el gobierno y que están dispuestos a luchar en los tribunales. El abogado Diego Pereira-Fonfach, representante de la inmobiliaria, expresó su frustración por la falta de comunicación con las autoridades, señalando que los propietarios no han recibido información sobre el inicio del proceso de desalojo, que es responsabilidad del Estado.
A medida que se acerca el plazo establecido por la Corte de Apelaciones de Valparaíso para el desalojo, la situación se vuelve más tensa. El abogado Pereira-Fonfach recordó que, en una reunión anterior, se había solicitado la contratación de una empresa para cerrar el perímetro del terreno, lo cual ya se había realizado, generando costos significativos para los propietarios. La falta de comunicación y claridad por parte del gobierno ha llevado a los propietarios a cuestionar la viabilidad del proceso de desalojo y la expropiación.
Con la expropiación en curso, el conflicto se adentra en el ámbito judicial. Los propietarios están a la espera de que el decreto de expropiación se publique en el Diario Oficial para determinar las acciones legales a seguir. Según la ley de expropiaciones, tienen un plazo de 30 días desde la publicación para reclamar ante el juez competente. La Constitución establece que nadie puede ser privado de su propiedad sin una ley que justifique la expropiación por causa de utilidad pública o interés nacional, y que siempre tienen derecho a una indemnización por el daño patrimonial causado.
El monto de la indemnización es un aspecto crucial en este proceso. Si el gobierno formaliza la expropiación y no hay acuerdo sobre el valor, se activará una comisión de peritos para fijar una tasación provisional. Si los propietarios no están conformes con esta tasación, podrán presentar un reclamo ante los tribunales civiles. En esta etapa, el debate se centrará exclusivamente en si el monto fijado refleja el daño patrimonial efectivamente causado, sin cuestionar la validez de la expropiación en sí.
Mientras tanto, el municipio de San Antonio ha adoptado una postura cautelosa. El alcalde Omar Vera ha indicado que desconocen los detalles formales del anuncio y que no han sido parte del proceso. Ha señalado que es difícil emitir una opinión sin un comunicado oficial que permita analizar las implicancias de esta decisión para el desarrollo de la comuna. Se espera que el Ministerio del Interior proporcione información detallada sobre el desalojo ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso en los próximos días.
El delegado presidencial de Valparaíso, Yanino Riquelme, ha afirmado que están trabajando en la preparación de un informe para presentar a la corte, destacando que la situación ha cambiado significativamente y que se buscará considerar las condiciones de los pobladores que habitan en el terreno. El proyecto habitacional que se menciona incluye equipamiento urbano y mejoras en el entorno, con el objetivo de beneficiar a las familias que actualmente viven en la toma.
En cumplimiento del fallo judicial, la Municipalidad de San Antonio ha habilitado un albergue transitorio para las personas que serán desalojadas. Este albergue contará con diversas instalaciones para garantizar el bienestar de los afectados, incluyendo espacios de primeros auxilios y áreas recreativas. La capacidad máxima del albergue será de 116 personas o 38 familias, lo que refleja la magnitud del desafío que enfrenta la comunidad en este proceso de desalojo y expropiación.
