La violencia en México ha alcanzado niveles alarmantes, y el reciente asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ha reavivado el debate sobre la efectividad de las estrategias de seguridad del gobierno. Manzo, conocido por su postura desafiante hacia los carteles de la región de Michoacán, fue asesinado en una ceremonia del Día de Muertos, un evento que debería ser de celebración y recuerdo, pero que se convirtió en un escenario de horror. Este trágico suceso no solo ha conmocionado a la comunidad local, sino que también ha puesto en tela de juicio la política de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha defendido un enfoque más basado en la inteligencia que en la confrontación directa.
La historia de Carlos Manzo es la de un político que decidió no ceder ante la presión de los grupos criminales. Desde su llegada a la alcaldía, había denunciado públicamente las actividades de los carteles, prometiendo una lucha frontal contra la extorsión y la violencia. A menudo se le veía con un sombrero de vaquero, proyectando una imagen de sheriff decidido a hacer cumplir la ley. Sin embargo, su valentía le costó la vida. En el ataque, un sicario le disparó siete veces, mientras cientos de personas intentaban refugiarse del caos. Este acto brutal no solo es un reflejo de la lucha interna entre los carteles, sino también de la resistencia de algunos funcionarios que se niegan a ser cómplices del crimen organizado.
La región de Michoacán es conocida por su producción agrícola, especialmente de palta y limón, pero en los últimos años ha sido escenario de una intensa lucha entre diversos carteles, siendo el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) uno de los más notorios. Manzo había hecho público su compromiso de combatir a estos grupos, incluso a costa de su propia seguridad. A pesar de recibir amenazas de muerte, se mantuvo firme en su postura, afirmando que no quería ser otro nombre en la lista de alcaldes asesinados. Su muerte ha generado protestas en las calles de Uruapan, donde los ciudadanos exigen justicia y un cambio en la estrategia de seguridad del gobierno.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha defendido su enfoque de seguridad, que prioriza la inteligencia y la investigación sobre la confrontación armada. Sin embargo, muchos críticos argumentan que esta estrategia ha demostrado ser insuficiente frente a la creciente violencia. Manzo, en sus declaraciones, había criticado abiertamente la política de «abrazos, no balazos» del expresidente Andrés Manuel López Obrador, sugiriendo que se necesitaba una respuesta más contundente para enfrentar a los carteles. Su asesinato plantea serias dudas sobre la efectividad de la estrategia actual y si realmente se están abordando las causas profundas de la violencia.
A pesar de que el gobierno de Sheinbaum ha logrado algunas detenciones y ha implementado operativos contra los carteles, la muerte de Manzo es un recordatorio de que la violencia sigue presente en la vida cotidiana de muchos mexicanos. En septiembre de 2025, la tasa de homicidios había disminuido, pero el asesinato del alcalde demuestra que el camino hacia la paz es aún largo y complicado. La presidenta ha reconocido la necesidad de reforzar su estrategia, pero muchos se preguntan si esto será suficiente para cambiar la situación en el terreno.
El impacto de la muerte de Carlos Manzo va más allá de su comunidad. Su figura se ha convertido en un símbolo de resistencia contra el crimen organizado, y su sombrero de vaquero ha sido adoptado por los manifestantes que exigen justicia. Analistas de seguridad han señalado que su asesinato fue una advertencia a otros funcionarios que se atrevan a desafiar a los carteles. La lucha de Manzo representa la batalla de muchos alcaldes y líderes comunitarios que enfrentan la presión de los grupos criminales, y su legado podría inspirar a otros a seguir su ejemplo.
La situación en Michoacán y en otras partes de México sigue siendo crítica. La violencia de los carteles no solo afecta a los funcionarios, sino también a la población civil, que vive con miedo y ansiedad. La falta de una respuesta efectiva por parte del gobierno ha llevado a muchos a cuestionar la capacidad del Estado para garantizar la seguridad de sus ciudadanos. En este contexto, el asesinato de Carlos Manzo es un llamado a la acción, no solo para las autoridades, sino también para la sociedad civil, que debe unirse para exigir un cambio real en la política de seguridad del país.
La historia de Carlos Manzo es un recordatorio de que la lucha contra el crimen organizado es una batalla que requiere valentía, determinación y, sobre todo, un compromiso genuino por parte de las autoridades para proteger a sus ciudadanos. La muerte de un líder como Manzo no debe ser en vano; debe servir como un catalizador para un cambio significativo en la forma en que se aborda la violencia en México.
