La negociación del reajuste salarial para el sector público en Chile se ha convertido en un tema candente en el contexto actual, especialmente con la proximidad del Presupuesto 2026. Este proceso, que tradicionalmente ha sido complicado, se anticipa aún más friccionado este año debido a la falta de recursos asignados para un aumento salarial significativo. La oposición ha señalado que el presupuesto no contempla los fondos necesarios para satisfacer las demandas de los trabajadores, lo que ha llevado a un rechazo casi total de las partidas presupuestarias en la Comisión Mixta Especial de Presupuestos, una situación sin precedentes desde 1990.
El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, ha intentado calmar las aguas, asegurando que los recursos para un reajuste están garantizados en el presupuesto. Sin embargo, sus palabras no han logrado convencer a los legisladores, quienes temen que la situación fiscal del país no permita un aumento salarial que supere la inflación. En este contexto, la mesa del sector público, compuesta por 16 asociaciones de funcionarios, se encuentra afinando su propuesta de reajuste, que se espera sea presentada al gobierno a mediados de noviembre.
### Propuesta de Reajuste y Contexto Económico
Los representantes del sector público están considerando varios factores para determinar la cifra de reajuste que presentarán. Entre ellos, se incluye la inflación acumulada entre noviembre de 2024 y noviembre de 2025, que se estima en un 3,7%. Además, se toma en cuenta el crecimiento económico, que ha sido moderado, con un acumulado del 2,4% entre enero y agosto, y una proyección de cierre del año en 2,5%. Con estos datos, los gremios han calculado un reajuste del 6,2%, al que se le sumaría un “extra” para recuperar el poder adquisitivo, llevando la cifra total a un 7% nominal.
Esta cifra se alinea con el 7,5% que se solicitó en la negociación del año anterior, donde finalmente el gobierno ofreció un 4,9% en tres tramos: un 3% en diciembre de 2024, un 1,2% en enero de 2025 y un 0,64% en junio de 2025. La mesa del sector público se reunirá nuevamente para concretar su propuesta, ya que la negociación del reajuste suele comenzar en la última semana de noviembre, aunque este año se busca adelantar debido al contexto electoral.
Los expertos han expresado opiniones diversas sobre la propuesta de reajuste. Algunos consideran que la cifra que se está manejando está desajustada de la realidad fiscal del país. Ingrid Jones, economista de LyD, ha señalado que un aumento nominal del 7% implicaría un incremento real del 3%, lo que podría ser insostenible dada la situación fiscal actual. Ella sugiere que un reajuste más cercano al 4% sería más razonable y sostenible, evitando así un gasto adicional que podría complicar las finanzas del próximo año.
Por otro lado, Juan Bravo, director del OCEC-UDP, ha argumentado que la productividad laboral ha estado estancada en los últimos años, lo que limita los fundamentos para un reajuste salarial que supere la inflación. En este sentido, la discusión sobre el reajuste no solo se centra en cifras, sino también en la necesidad de evaluar la productividad y la situación fiscal del país.
### Implicaciones Legislativas y Futuras Negociaciones
Además del reajuste salarial, se espera que la negociación aborde otros temas legislativos relevantes para el sector público. Entre ellos, se encuentra la revisión del proyecto de ley de 40 horas laborales y la regulación del teletrabajo, que han cobrado importancia en el contexto actual. Estos temas son cruciales para los trabajadores, quienes buscan mejorar sus condiciones laborales en un entorno que ha cambiado significativamente debido a la pandemia y a las nuevas dinámicas de trabajo.
La presión por parte de los trabajadores del sector público es palpable, especialmente en un año electoral donde las promesas de mejora en las condiciones laborales pueden influir en el voto de los ciudadanos. La forma en que se maneje esta negociación no solo afectará a los funcionarios públicos, sino que también tendrá repercusiones en la percepción del gobierno y su capacidad para gestionar la economía del país.
En resumen, la negociación del reajuste salarial del sector público en Chile se presenta como un desafío complejo, marcado por la falta de recursos en el presupuesto y la necesidad de encontrar un equilibrio entre las demandas de los trabajadores y la realidad fiscal del país. A medida que se acercan las fechas clave para la presentación de propuestas y la discusión legislativa, todos los ojos estarán puestos en cómo se desarrollará este proceso y qué impacto tendrá en el futuro del sector público y en la economía chilena.
