La reciente decisión de la Corte Suprema de Chile ha generado un gran revuelo en el ámbito financiero y legal del país. La corte revocó un fallo anterior de la Corte de Apelaciones de Santiago que había anulado la suspensión condicional del procedimiento otorgada a varios ejecutivos de Larraín Vial, en el marco del caso conocido como Factop. Este caso ha puesto de relieve la complejidad de las interacciones entre el derecho penal y las inversiones financieras, así como la protección de los inversionistas más vulnerables.
### Contexto del Caso Larraín Vial
El caso Factop gira en torno a la supuesta participación de Larraín Vial en la creación de un Fondo de Inversión Privada Capital Estructurado (FIP), que se utilizó para saldar las deudas de Antonio Jalaff, un socio del Grupo Patio. En una audiencia celebrada el 18 de junio de 2025, la fiscalía anunció que Larraín Vial había propuesto un acuerdo que cumplía con las condiciones del Ministerio Público. Este acuerdo incluía la recompra de cuotas de los inversionistas, una acción que ya había sido anunciada y puesta en marcha por la firma.
Sin embargo, la situación se complicó cuando la Corte de Apelaciones determinó que el tribunal de primera instancia no había considerado un elemento legal crucial: la presencia de adultos mayores entre los inversionistas afectados. Según la ley chilena, esto agrava la responsabilidad penal, lo que llevó a la corte a revocar la suspensión condicional del procedimiento. En este caso, se identificaron a dos adultos mayores que habían invertido sumas significativas en el fondo, lo que complicó aún más la situación de los ejecutivos involucrados.
### Implicaciones Legales de la Decisión
La Corte Suprema, en una votación dividida de 4 a 1, acogió el recurso de amparo presentado por las defensas de los ejecutivos, argumentando que la Corte de Apelaciones había cometido errores al revocar la decisión del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago. La suspensión condicional había beneficiado a varios exdirectores de Larraín Vial, así como a otros ejecutivos de la firma. La decisión de la Corte Suprema se basó en la premisa de que no existían antecedentes objetivos que justificaran la consideración de la agravante de delito contra adultos mayores, ya que no se había demostrado que los imputados tuvieran contacto directo con las víctimas o que conocieran su edad al momento de los hechos.
El fallo también destacó que la Corte de Apelaciones había vulnerado el principio acusatorio al introducir una agravante no discutida en la primera instancia. Esto se basó en la presentación tardía de certificados de nacimiento de los inversionistas, lo que, según las defensas, constituyó una intromisión ilegítima en las atribuciones del Ministerio Público. Este aspecto es crucial, ya que establece un precedente sobre cómo deben manejarse las agravantes en casos de este tipo, especialmente cuando se trata de la protección de los derechos de los inversionistas más vulnerables.
### Reacciones y Consecuencias en el Ámbito Financiero
La decisión de la Corte Suprema ha suscitado diversas reacciones en el sector financiero y legal. Por un lado, los defensores de los ejecutivos de Larraín Vial celebraron la resolución, argumentando que se había hecho justicia al reconocer que la Corte de Apelaciones había actuado de manera inapropiada. Sin embargo, también hay quienes critican la decisión, señalando que podría sentar un precedente peligroso en la protección de los derechos de los inversionistas, especialmente aquellos que son más vulnerables, como los adultos mayores.
La situación ha puesto de relieve la necesidad de una mayor regulación y supervisión en el ámbito de las inversiones financieras. La protección de los inversionistas, especialmente aquellos que pueden no tener la misma capacidad de defensa legal, es fundamental para mantener la confianza en el sistema financiero. La Ley N° 21.483, que introdujo la agravante específica para delitos cometidos contra personas mayores, es un paso en la dirección correcta, pero su aplicación y efectividad deben ser cuidadosamente evaluadas.
En resumen, la revocación del fallo en el caso Larraín Vial no solo tiene implicaciones legales para los ejecutivos involucrados, sino que también plantea preguntas importantes sobre la protección de los inversionistas y la regulación del sector financiero en Chile. A medida que el caso avanza, será crucial observar cómo se desarrollan las dinámicas legales y sociales en torno a este tema, y qué medidas se implementarán para garantizar la justicia y la equidad en el ámbito de las inversiones.
