La reciente declaración de la Dirección de Presupuestos (Dipres) sobre la rigidez del gasto fiscal ha generado un intenso debate en el ámbito político y económico. Según la Dipres, un asombroso 92% del presupuesto actual se considera «gasto rígido», lo que implica que es difícil de reducir o modificar. Esta afirmación ha suscitado numerosas preguntas entre expertos y analistas, quienes se cuestionan la veracidad de esta cifra y su impacto en las decisiones fiscales del país.
### La Naturaleza del Gasto Rígido
El concepto de gasto rígido se refiere a aquellos desembolsos que están comprometidos por ley o que son esenciales para el funcionamiento del Estado. Esto incluye gastos en áreas críticas como la administración del orden público, la justicia y la inversión pública. La directora de Presupuestos, Javiera Martínez, explicó que solo un 8% del presupuesto total se considera flexible, es decir, que podría ser objeto de recortes o ajustes.
Sin embargo, la falta de claridad sobre qué se entiende exactamente por «gasto rígido» ha llevado a muchos a cuestionar la validez de esta categorización. Por ejemplo, el expresidente del Consejo Fiscal Autónomo, Jorge Rodríguez, ha instado a que se presente un desglose más detallado de este 92%, para entender mejor qué parte corresponde a obligaciones legales y cuáles son más flexibles. La ambigüedad en la definición de rigidez podría llevar a decisiones erróneas en la planificación fiscal.
La Dipres ha proporcionado algunos detalles sobre la composición del gasto rígido. Un 6,6% del PIB se destina a beneficios legales, que incluyen subsidios y programas educativos, mientras que un 4,4% se destina a prestaciones previsionales. Además, el gasto en intereses de deuda y gastos de capital también se consideran parte de este gasto rígido. Sin embargo, muchos expertos argumentan que la rigidez es un concepto relativo y que, en situaciones de crisis, como la pandemia, los gastos pueden ser ajustados o suspendidos.
### La Perspectiva de los Candidatos Presidenciales
El debate sobre el gasto fiscal se ha intensificado en el contexto de las elecciones presidenciales, donde los candidatos han presentado diferentes propuestas sobre cómo abordar el presupuesto. Evelyn Matthei, representante de Chile Vamos, ha propuesto un recorte fiscal de aproximadamente US$ 2.000 millones, mientras que José Antonio Kast ha elevado la apuesta a US$ 6.000 millones en un periodo de 18 meses. Por otro lado, la candidata oficialista, Jeannette Jara, ha enfatizado la necesidad de una mayor eficiencia en el gasto, aunque no ha descartado la posibilidad de realizar recortes en ciertos sectores.
Este escenario plantea un dilema para los candidatos: ¿cómo pueden proponer recortes significativos cuando el 92% del presupuesto es considerado rígido? La respuesta a esta pregunta es crucial no solo para los candidatos, sino también para los ciudadanos que dependen de los servicios públicos. La falta de claridad sobre la rigidez del gasto podría llevar a decisiones que afecten negativamente a sectores vulnerables de la población.
Los economistas también han expresado su preocupación por la falta de transparencia en la categorización del gasto. La presidenta del CFA, Paula Benavides, ha señalado que es fundamental realizar un estudio exhaustivo sobre las limitaciones para realizar ajustes fiscales. Sin un análisis claro, es probable que se tomen decisiones precipitadas que no aborden las verdaderas necesidades del país.
### La Necesidad de un Análisis Profundo
La discusión sobre el gasto fiscal y su rigidez no es solo una cuestión técnica, sino que tiene profundas implicaciones políticas y sociales. La capacidad del gobierno para gestionar el presupuesto de manera efectiva influye en la calidad de vida de los ciudadanos y en la estabilidad económica del país. Por lo tanto, es esencial que se realice un análisis profundo y transparente sobre cómo se clasifica el gasto y qué áreas pueden ser objeto de ajustes.
Los expertos coinciden en que, aunque algunos gastos son más difíciles de modificar, no existe un gasto completamente rígido. La flexibilidad en la gestión del presupuesto es vital, especialmente en tiempos de crisis. La experiencia de la pandemia ha demostrado que, cuando es necesario, los gobiernos pueden adaptarse y cambiar prioridades, lo que sugiere que la rigidez del gasto es más una cuestión de voluntad política que de imposibilidad técnica.
En este contexto, es crucial que los candidatos y los responsables de la política fiscal trabajen juntos para establecer un consenso sobre qué gastos son intocables y cuáles pueden ser revisados. Solo a través de un enfoque colaborativo y bien informado se podrá abordar el desafío del gasto fiscal de manera efectiva y responsable.
