La reciente decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago ha generado un amplio debate en torno a la regulación de la publicidad de alimentos en Chile. Este fallo, que desestimó los recursos de protección y amparo económico presentados por varias empresas del sector alimentario, ha puesto de manifiesto las tensiones entre la industria y las políticas de salud pública. La ministra de Salud, Ximena Aguilera, se encuentra en el centro de esta controversia, tras la implementación de un decreto que exige incluir advertencias en la publicidad de productos con altos niveles de calorías, sodio y azúcares.
### Contexto de la Controversia
El decreto en cuestión, emitido en abril de 2025, establece que los productos que contengan sellos de advertencia deben incluir la frase «evita su consumo» en su publicidad. Esta medida busca promover hábitos alimenticios más saludables entre la población, en un contexto donde la obesidad y las enfermedades relacionadas con la alimentación son problemas crecientes en Chile. Sin embargo, las empresas afectadas, entre ellas Carozzi, Nestlé, Unilever, y CCU, argumentan que esta regulación no solo es desproporcionada, sino que también atenta contra su derecho a desarrollar actividades económicas lícitas.
Las empresas han expresado su preocupación de que el mensaje impuesto por el Ministerio de Salud equipare sus productos a aquellos que son considerados nocivos, como los cigarrillos y las bebidas alcohólicas. Según sus alegaciones, esto no solo podría afectar sus ventas, sino que también confundiría a los consumidores sobre la seguridad y la calidad de los alimentos que ofrecen. En este sentido, Carozzi y Nestlé han señalado que el decreto podría llevar a una disminución significativa en la demanda de sus productos, afectando así su viabilidad económica.
### Argumentos de las Empresas Demandantes
Las empresas demandantes han presentado una serie de argumentos legales y técnicos en contra del decreto. En sus escritos, sostienen que el proceso administrativo que llevó a la creación de esta normativa fue deficiente, alegando la falta de consulta pública y la ausencia de fundamentos técnicos sólidos. Además, argumentan que la ministra Aguilera excedió sus atribuciones al implementar un mensaje que, según ellos, no cumple con los objetivos de salud pública que se propone alcanzar.
Unilever, por ejemplo, ha manifestado que el decreto no solo perjudica sus ventas, sino que también afecta la percepción pública de sus marcas. La compañía, que cuenta con más de 400 marcas en el mercado chileno, sostiene que el mensaje de advertencia podría asociar el consumo de sus productos con efectos nocivos para la salud, lo cual consideran una falta a la verdad y un uso indebido de la autoridad por parte del Estado.
Por su parte, Tres Montes ha argumentado que el nuevo mensaje desinforma a los consumidores, sugiriendo que ciertos alimentos son peligrosos cuando, en realidad, son aptos y necesarios para el consumo humano. Este tipo de afirmaciones ha llevado a las empresas a considerar que el decreto no solo es injusto, sino que también podría tener un impacto negativo en la salud pública al generar desconfianza en los productos alimenticios.
### La Respuesta del Ministerio de Salud
Desde el Ministerio de Salud, se ha defendido la implementación del decreto como una medida necesaria para abordar los problemas de salud pública relacionados con la alimentación. La ministra Aguilera ha enfatizado que la decisión se basa en recomendaciones de expertos en políticas públicas y en la necesidad de proporcionar información clara y precisa a los consumidores. Según el ministerio, el objetivo es fomentar hábitos alimenticios más saludables y reducir el consumo de productos que contribuyen a la obesidad y otras enfermedades crónicas.
El fallo de la Corte de Apelaciones ha respaldado esta postura, indicando que no se han acreditado las transgresiones acusadas por las empresas y que la decisión de la autoridad se sustenta en un proceso de consulta y análisis que se remonta a 2018. La corte ha señalado que las alegaciones sobre la falta de consulta pública y otros aspectos técnicos no son materia de esta acción de emergencia, sugiriendo que las empresas podrían buscar otros caminos legales para cuestionar la validez del decreto.
A medida que avanza este conflicto, se espera que las empresas continúen explorando sus opciones legales, mientras que el Ministerio de Salud se mantiene firme en su compromiso de promover una alimentación más saludable entre la población. La situación refleja la complejidad de equilibrar los intereses de la industria alimentaria con las necesidades de salud pública, un desafío que se intensifica en un contexto donde la obesidad y las enfermedades relacionadas son cada vez más prevalentes.
