La reciente discusión en la Cámara de Diputados sobre la protección de los defensores ambientales en Chile ha puesto de relieve la ausencia del Gobierno y, en particular, de la Ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas. Esta situación ha generado un fuerte rechazo entre los parlamentarios, quienes consideran que la falta de apoyo oficial es un claro indicativo de la desatención hacia un tema tan crucial como la defensa del medio ambiente y los derechos humanos.
La activista Julia Chuñil, quien desapareció en 2024, ha sido un punto focal en esta discusión. Durante la sesión, el diputado Luis Malla, autor del proyecto de ley, expresó su frustración por la falta de compromiso del Gobierno, señalando que son las organizaciones civiles las que están impulsando la iniciativa, en lugar de ser el propio Estado el que tome la delantera en la protección de quienes defienden el medio ambiente. Malla enfatizó que la ausencia de la Ministra es lamentable y que el Estado se convierte en cómplice al no proteger a quienes arriesgan sus vidas por la defensa de recursos naturales.
El diputado también criticó la doble moral del Gobierno, que se presenta como defensor de los derechos humanos y del medio ambiente, pero que en la práctica no actúa en consecuencia. Malla argumentó que si Julia Chuñil hubiera pertenecido a la élite política o empresarial, los responsables de su desaparición habrían sido identificados rápidamente. Sin embargo, al ser una activista del pueblo, su familia ha tenido que enfrentar la indiferencia y la desinformación.
La situación se tornó aún más crítica cuando el diputado Jaime Araya se unió a las críticas, señalando que el Gobierno ha dejado abandonado el proyecto. Araya destacó que la falta de presencia de la Ministra en la discusión es una clara señal de la falta de compromiso del Ejecutivo con un tema tan sensible. Recordó que durante la presidencia de la Comisión de Medio Ambiente por parte del diputado Félix González, se escucharon las preocupaciones de la familia de Chuñil, pero desde entonces no ha habido respuesta del Estado.
Desde la oposición, el diputado Diego Schalper también se sumó a las críticas, cuestionando cómo el Gobierno puede tener tiempo para otras actividades y no para la tramitación de proyectos de ley que son de su competencia. Esta falta de atención ha llevado a que muchos se pregunten sobre la verdadera prioridad del Gobierno en temas ambientales.
El diputado Vlado Mirosevic hizo un llamado a la oposición, enfatizando que la defensa de los derechos humanos y del medio ambiente no debería ser un tema de división política, sino una cuestión ética que requiere el apoyo de todos los sectores. Sin embargo, su llamado fue respondido por el diputado Enrique Lee, quien recordó que no había ningún miembro del Ejecutivo presente en la discusión, lo que pone en evidencia la falta de interés del Gobierno en el asunto.
La situación de los defensores ambientales en Chile es alarmante. Según informes, muchos de ellos enfrentan amenazas y violencia por parte de grupos que buscan explotar recursos naturales sin considerar el impacto ambiental. La falta de protección estatal no solo pone en riesgo a estos defensores, sino que también socava los esfuerzos por preservar el medio ambiente en el país.
El proyecto de ley que se discute busca establecer un marco legal que reconozca y proteja a quienes defienden el medio ambiente, garantizando su seguridad y promoviendo su labor. Sin embargo, la falta de apoyo gubernamental pone en duda su viabilidad y efectividad. Los parlamentarios han expresado su preocupación de que, sin el compromiso del Gobierno, este proyecto podría convertirse en letra muerta, sin impacto real en la protección de los defensores ambientales.
La situación actual plantea un desafío significativo para la democracia en Chile. La falta de atención a las necesidades de los defensores ambientales refleja una desconexión entre el Gobierno y la ciudadanía, especialmente aquellos que luchan por la protección de sus derechos y del medio ambiente. La defensa de la naturaleza y de quienes la protegen debería ser una prioridad para cualquier gobierno que se considere comprometido con el bienestar de su población.
En este contexto, es fundamental que la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales y los ciudadanos en general se unan para exigir un cambio. La presión pública puede ser un motor de cambio que impulse al Gobierno a tomar medidas concretas en la protección de los defensores ambientales y a garantizar que su labor sea reconocida y valorada. La lucha por un medio ambiente sano y por la defensa de los derechos humanos no puede ser ignorada, y es responsabilidad de todos trabajar para que quienes se dedican a esta noble causa cuenten con el respaldo y la protección que merecen.
