El próximo martes, el gobierno chileno presentará los ejes centrales del proyecto de ley de Presupuestos 2026, un evento que ha generado gran expectativa en la ciudadanía. En este contexto, se realizó la Encuesta «Chile Nos Habla» por parte del Centro de Políticas Públicas de la Universidad San Sebastián, que busca captar la percepción de la población sobre la gestión fiscal y el uso de los recursos públicos. Los resultados son reveladores y reflejan un descontento generalizado respecto a la eficiencia del gasto público.
Una de las cifras más impactantes de la encuesta indica que un 77% de los encuestados considera que el gasto público no responde a las necesidades de la población. Solo un 18,8% opina lo contrario, mientras que el resto no sabe o no responde. Esta percepción se complementa con la opinión de que apenas un 15,7% de los ciudadanos cree que los recursos se utilizan de manera eficiente, en contraste con un 79,5% que sostiene lo opuesto. Además, un abrumador 83,9% de los encuestados está de acuerdo en que la burocracia impide que los fondos lleguen rápidamente a quienes los necesitan.
La encuesta también revela que un 74,4% de los participantes considera necesario reducir el gasto público para generar ahorro y estabilidad, mientras que un 65% apoya la idea de reasignar recursos hacia programas sociales. Un 61% respalda aumentar las transferencias directas a las personas, lo que indica una clara demanda por políticas que prioricen el bienestar social.
La Ley de Presupuestos, que se discute en el Congreso, es vista como una herramienta fundamental por la mayoría de los ciudadanos. Un 91,4% la califica como importante o muy importante, aunque un 6,1% le asigna poca relevancia y un 2,5% la considera irrelevante. Al preguntar sobre el rol de esta ley, un 45,1% de los encuestados señala que su principal valor radica en fijar las prioridades de gasto cada año, mientras que un 35,7% la asocia con el control del uso adecuado de los recursos. Sin embargo, un 14,5% opina que la ley ha perdido relevancia debido al mal uso de los fondos.
En cuanto a las prioridades del Presupuesto 2026, la encuesta muestra que la reactivación económica a través del empleo y los salarios es vista como un objetivo estratégico por el 47,1% de los encuestados, mientras que un 35% considera crucial enfrentar la crisis de seguridad. En términos de asignación de recursos, la salud y la seguridad son las áreas más mencionadas, con un 81,1% y un 80,8% respectivamente. La educación, aunque sigue siendo relevante, ha visto una caída en su prioridad, con un 62,6% de menciones, lo que representa una disminución de 12,5 puntos porcentuales en comparación con la medición de 2024.
El desglose por áreas revela que en seguridad, la mayor demanda se centra en fortalecer la inteligencia contra el crimen organizado y el narcotráfico, con un 60,8% de apoyo. En salud, la resolución de listas de espera es la principal preocupación, con un 49,7%, mientras que en educación, la prioridad ha cambiado de la educación superior hacia la enseñanza primaria, con un 35,2% de menciones.
La situación económica del país también es un tema de preocupación. Un 63,1% de los encuestados califica la situación económica como mala o muy mala, mientras que solo un 21,9% la evalúa como buena o muy buena. A nivel personal, un 42,1% de los ciudadanos considera que su condición económica es mala o muy mala, frente a un 24,7% que la estima como favorable. La inflación se ha convertido en un factor central en este diagnóstico, ya que un 58,7% de los encuestados afirma que el aumento sostenido de precios ha impactado significativamente su bienestar económico.
El empleo también se posiciona como una de las principales preocupaciones de la ciudadanía. Dos tercios de los encuestados (68,6%) creen que las oportunidades laborales han empeorado en los últimos dos años, mientras que solo un 20% considera que se han mantenido estables y un 9,1% nota mejoras. Estos datos reflejan un panorama complejo que el gobierno deberá considerar al presentar el presupuesto, ya que la percepción de la ciudadanía sobre la eficiencia del gasto y la necesidad de priorizar áreas críticas como la salud, la seguridad y el empleo son temas que no pueden ser ignorados en el debate fiscal que se avecina.
