La reciente entrada en vigor del Decreto 176, que da vida a la ley conocida como ‘Chao Cables’, marca un hito significativo en la regulación de las telecomunicaciones en el país. Esta normativa, que se había gestado desde 2019, finalmente se implementa, obligando a las empresas de telecomunicaciones a identificar, ordenar y retirar los cables en desuso que han invadido el espacio público. Este artículo explora los detalles de esta ley, su impacto en la calidad urbana y los plazos establecidos para su cumplimiento.
**Objetivos de la Ley ‘Chao Cables’**
La ley ‘Chao Cables’ tiene como objetivo principal limpiar el espacio público, reducir riesgos de accidentes y mejorar la calidad de vida en las ciudades. Durante años, los postes de luz y las calles han estado saturados de cables que no solo afectan la estética urbana, sino que también representan un peligro para la seguridad de los ciudadanos. Con la implementación de esta normativa, se busca que las empresas de telecomunicaciones asuman la responsabilidad de sus redes, garantizando que los cables en desuso sean retirados de manera efectiva.
Uno de los aspectos más destacados de esta ley es la obligación de las empresas de telecomunicaciones de realizar un levantamiento que les permita distinguir entre los cables que están en uso, los que requieren orden y aquellos que deben ser retirados. Este proceso de identificación es crucial para llevar a cabo una limpieza efectiva del espacio público y evitar que los cables en desuso se conviertan en un riesgo para la comunidad.
Además, la ley establece que cada empresa deberá presentar planes anuales programados en coordinación con las autoridades comunales y regionales. Esto significa que las empresas no solo deben identificar los cables en desuso, sino que también deben planificar su retiro de manera organizada, asegurando que el proceso se realice de forma eficiente y sin afectar la continuidad del servicio.
**Plazos y Fiscalización**
En cuanto a los plazos establecidos para el retiro de cables en desuso, cada plan presentado por las empresas tendrá una duración de hasta 12 meses desde su aprobación. Esto implica que una vez que las autoridades revisen y aprueben los planes, las empresas tendrán un año para llevar a cabo el retiro de los cables identificados. Esta medida es fundamental para garantizar que el proceso no se dilate en el tiempo y que las empresas cumplan con sus obligaciones de manera oportuna.
La Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) será la encargada de controlar el cumplimiento de esta normativa, trabajando en conjunto con los gobiernos regionales y las municipalidades. La fiscalización activa de los planes presentados por las empresas será un elemento clave para asegurar que se cumplan los objetivos de la ley. La coordinación con las municipalidades también permitirá definir las zonas prioritarias de retiro, beneficiando especialmente a aquellos barrios que han estado más afectados por la saturación de cables.
La implementación de la ley ‘Chao Cables’ no solo tiene implicaciones estéticas, sino que también busca prevenir riesgos de incendios, cortes eléctricos y accidentes peatonales. La saturación de cables en el espacio público ha sido un problema recurrente, y su retiro contribuirá a mejorar la seguridad de los ciudadanos, especialmente en áreas donde los postes y cables han colapsado debido a condiciones climáticas adversas.
**Un Cambio Esperado**
La ley ‘Chao Cables’ fue aprobada en 2019 durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, con la promesa de limpiar los postes de luz del exceso de cables. Sin embargo, su implementación se vio retrasada por la falta de un reglamento específico, lo que generó críticas y cuestionamientos sobre la efectividad de la normativa. El retraso en la tramitación fue especialmente evidente tras el sistema frontal de agosto de 2024, cuando las lluvias y vientos hicieron colapsar postes con cables en mal estado, agravando la emergencia en varias comunas.
Con la entrada en vigor del Decreto 176, se espera que las empresas de telecomunicaciones asuman su responsabilidad y se comprometan a llevar a cabo el retiro de cables en desuso de manera sistemática. La normativa establece un marco claro que obliga a las empresas a hacerse cargo de sus redes, evitando que los cables abandonados continúen afectando la calidad de vida de los ciudadanos.
La ley ‘Chao Cables’ representa un avance significativo en la regulación del espacio público y la gestión de las telecomunicaciones en el país. A medida que las empresas comiencen a implementar sus planes de retiro, se espera que las ciudades experimenten una mejora en su imagen urbana y una reducción en los riesgos asociados a la saturación de cables. Este proceso no solo beneficiará a los ciudadanos, sino que también contribuirá a la creación de un entorno más seguro y agradable para todos.
