Después de tres días de paralización, el Ferrocarril Transandino y Perú Rail han anunciado la reanudación de los recorridos turísticos hacia Machu Picchu. Esta decisión se produce tras recibir garantías de orden y seguridad por parte de las comunidades locales, según lo informado por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú. La paralización había sido convocada como protesta, en parte, contra un sistema de concesiones que se percibe como perjudicial para la comunidad local.
La situación se tornó crítica a principios de septiembre, cuando venció la concesión de Consettur, la empresa que había operado el transporte desde Aguas Calientes hasta Machu Picchu durante 30 años. A pesar de que las autoridades debían organizar una nueva licitación pública, el servicio fue adjudicado directamente a la empresa San Antonio de Torontoy. Esto generó confusión, ya que los buses de Consettur continuaron operando, mientras que la nueva empresa no podía poner en marcha sus 18 buses desde la estación ferroviaria Hidroeléctrica.
Las comunidades locales, en respuesta a esta situación, exigieron a Perú Rail que autorizara el traslado de los buses de San Antonio de Torontoy, acusando a la empresa ferroviaria de estar coludida con Consettur y de dilatar el proceso. Perú Rail, por su parte, denunció actos de sabotaje en la plataforma del tren que debía trasladar los buses. Las manifestaciones se extendieron a lo largo de la línea ferroviaria, así como en áreas cercanas a Machu Picchu, lo que llevó a la suspensión de las operaciones de trenes.
Durante este periodo de crisis, alrededor de 800 turistas quedaron atrapados en Machu Picchu, pero pudieron ser evacuados gracias a “trenes humanitarios”. Sin embargo, los enfrentamientos entre los pobladores y la Policía Nacional del Perú resultaron en al menos 10 heridos, y decenas de turistas quedaron varados. Las pérdidas económicas durante este tiempo se estimaron en más de 2 millones de soles peruanos al día, equivalentes a aproximadamente 520 mil dólares.
A pesar de que las protestas han disminuido y los trenes han reanudado sus operaciones, Machu Picchu enfrenta desafíos significativos para garantizar una gestión turística adecuada. Una advertencia reciente de New7Wonders, emitida el 13 de septiembre, señala que Machu Picchu podría perder su estatus de “maravilla del mundo” si las autoridades no abordan las problemáticas que afectan a los turistas, como las dificultades en el transporte terrestre, el aumento continuo de precios y los conflictos sociales en la región.
La situación en Machu Picchu es un reflejo de las tensiones más amplias que afectan a muchas comunidades en Perú, donde las decisiones gubernamentales sobre concesiones y licitaciones a menudo generan descontento. La falta de comunicación y la percepción de favoritismo hacia ciertas empresas han alimentado la frustración entre los residentes locales, quienes sienten que sus intereses no son tomados en cuenta.
Además, el turismo en Machu Picchu es vital no solo para la economía local, sino también para la imagen de Perú en el ámbito internacional. La ciudadela inca es uno de los destinos turísticos más emblemáticos del mundo, y cualquier crisis que afecte su operatividad puede tener repercusiones significativas en la percepción global del país.
Por lo tanto, es crucial que las autoridades peruanas trabajen en conjunto con las comunidades locales y las empresas involucradas para encontrar soluciones sostenibles que beneficien a todos los actores. La reanudación de los trenes es un paso positivo, pero no es suficiente para resolver los problemas subyacentes que han llevado a esta crisis.
La situación actual también pone de relieve la importancia de una gestión turística responsable y sostenible. Los turistas que visitan Machu Picchu no solo buscan una experiencia única, sino también un entorno seguro y accesible. Las autoridades deben priorizar la seguridad y el bienestar de los visitantes, así como la preservación del patrimonio cultural y natural de la región.
En resumen, la reanudación de los trenes a Machu Picchu es un alivio temporal, pero se necesita un enfoque más integral para abordar las preocupaciones de las comunidades locales y garantizar que el turismo en la región sea sostenible a largo plazo. Las lecciones aprendidas de esta crisis pueden servir como base para futuras políticas que busquen equilibrar el desarrollo económico con la justicia social y la preservación cultural.
