La carrera presidencial en Chile ha tomado un giro significativo con las propuestas económicas de los principales candidatos. José Antonio Kast, del Partido Republicano, Evelyn Matthei, de Chile Vamos, y Jeannette Jara, de Unidad por Chile, han presentado sus visiones sobre cómo abordar la economía del país. En este contexto, ha surgido un intenso debate sobre la viabilidad de implementar cambios a través de decretos versus la necesidad de pasar por el Congreso.
**Propuestas de Reducción de Gasto Público**
Uno de los puntos centrales en las propuestas de Kast y Matthei es la reducción del gasto público. Kast ha fijado una meta ambiciosa de reducir el gasto en US$ 6.000 millones en un plazo de 18 meses, mientras que Matthei busca un ajuste de US$ 8.000 millones en cuatro años. Ambas candidaturas coinciden en la necesidad de reducir impuestos, con Kast proponiendo una disminución del impuesto a las grandes empresas del 27% al 23%, y un adicional del 20% para aquellas que generen más empleo. Por su parte, Matthei sugiere una rebaja del impuesto de primera categoría a un 23% para las grandes empresas y a un 10% para las pymes.
Sin embargo, la candidata oficialista, Jeannette Jara, ha adoptado un enfoque diferente, cerrando la puerta a cambios impositivos y enfocándose en la agilización de permisos para proyectos de inversión. Jara ha propuesto un salario vital de $750 mil, que está en revisión, y la creación de una Empresa Nacional del Litio, entre otras iniciativas.
**La Viabilidad de los Decretos vs. Proyectos de Ley**
El debate sobre si estas propuestas pueden ser implementadas a través de decretos o si requieren pasar por el Congreso es crucial. Expertos en economía han señalado que, aunque hay espacio para avanzar en la agilización de permisos mediante decretos, muchos cambios significativos en el gasto público y la política tributaria necesariamente deben ser aprobados por el Congreso.
Patricio Rojas, economista de Rojas y Asociados, ha indicado que hay permisos que están estancados en la burocracia estatal que podrían ser desbloqueados sin necesidad de una ley. Sin embargo, Alejandro Micco, académico de la Universidad de Chile, ha advertido que cualquier modificación de este tipo requiere la aprobación de la Contraloría, lo que puede complicar la rapidez de su implementación.
El equipo programático de Kast ha manifestado su intención de modificar reglamentos y resoluciones relacionadas con permisos en un plazo de 100 días si llega a La Moneda. Esto incluye cambios en ministerios clave como Medio Ambiente y la Dirección General de Aguas.
Por otro lado, el ajuste fiscal que ambos candidatos proponen ha sido calificado por algunos economistas como “voluntarista” y “poco realizable”. La propuesta de Kast de un ajuste de US$ 6 mil millones en 18 meses ha sido considerada poco creíble, mientras que la de Matthei, aunque ambiciosa, se ve como más factible. Sin embargo, los expertos coinciden en que estos ajustes no pueden lograrse únicamente a través de cambios administrativos; se requieren modificaciones legales para alcanzar los montos propuestos de manera sostenible.
**El Desafío de Bajar Impuestos**
En cuanto a la reducción de impuestos, los candidatos de la derecha han dejado claro que cualquier cambio en este sentido debe pasar por el Congreso. La discusión se centrará en si la rebaja de impuestos se realizará con algún mecanismo de compensación para no afectar la recaudación. Hasta el momento, ni Kast ni Matthei han propuesto mecanismos que mitiguen la caída en la recaudación que podría resultar de sus propuestas.
Los parlamentarios de centroderecha apoyan la idea de la rebaja de impuestos, pero desde la centroizquierda se percibe como una amenaza para los sectores vulnerables, que dependen de los beneficios sociales financiados por esos impuestos.
El debate sobre las propuestas económicas en la carrera presidencial chilena es un reflejo de las tensiones políticas y económicas que enfrenta el país. Con un enfoque en la reducción del gasto público y la simplificación administrativa, los candidatos intentan atraer a un electorado que busca soluciones efectivas a los problemas económicos. Sin embargo, la viabilidad de estas propuestas dependerá en gran medida de la capacidad de los candidatos para negociar y trabajar con el Congreso, lo que podría ser un desafío significativo en un entorno político polarizado.
