En un giro significativo en el ámbito político y comercial, la diputada Camila Flores ha llegado a un acuerdo confidencial con la multinacional de moda H&M, poniendo fin a un largo proceso que se remonta a 2019. Este acuerdo se formalizó bajo estrictas cláusulas de confidencialidad y se llevó a cabo en una notaría ubicada en el barrio El Golf, en Las Condes, donde se estipuló una indemnización por parte de la empresa hacia la parlamentaria. La diputada, quien representa al Distrito Nº 6 de la Región de Valparaíso y es parte del partido Renovación Nacional, había denunciado haber sido víctima de discriminación en una tienda de H&M en el centro comercial Casa Costanera, en Vitacura.
La controversia comenzó durante el estallido social en Chile, cuando Flores y su esposo, Percy Marín, afirmaron haber sido objeto de un trato discriminatorio por parte del personal de la tienda. Según el relato de la diputada, tras intentar realizar una compra, el cajero se negó a atenderla, argumentando que no atendía a personas de derecha. Este incidente generó una ola de reacciones y llevó a Flores a presentar una demanda en el Juzgado de Policía Local de Vitacura, así como una demanda civil por indemnización de perjuicios.
El proceso judicial tuvo un inicio complicado, ya que en primera instancia, el tribunal desestimó la demanda de Flores, argumentando que no había pruebas suficientes para respaldar sus afirmaciones. Sin embargo, la situación dio un giro inesperado cuando, en diciembre de 2024, la Corte de Apelaciones de Santiago falló a favor de la diputada, ordenando a H&M el pago de una indemnización al Fisco por vulnerar los derechos fundamentales de Flores. La empresa fue condenada a pagar una multa de 100 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), equivalente a más de 6 millones de pesos chilenos, por infracciones a la Ley de Protección al Consumidor.
Este fallo marcó un precedente importante en el ámbito de los derechos del consumidor y la no discriminación, resaltando la responsabilidad de las empresas en garantizar un trato digno a todos sus clientes. A pesar de la resolución judicial, H&M mantuvo su postura de defensa, argumentando que el comportamiento del esposo de Flores había contribuido al conflicto, alegando que él había insultado a los empleados de la tienda y había tomado fotografías sin autorización.
La falta de un acuerdo público y la naturaleza confidencial del mismo han suscitado diversas opiniones. Algunos críticos argumentan que la falta de transparencia en el acuerdo podría limitar la discusión pública sobre la discriminación y los derechos de los consumidores. Por otro lado, los defensores del acuerdo destacan la importancia de resolver conflictos de manera privada, evitando la prolongación de disputas legales que pueden ser perjudiciales para ambas partes.
El caso de Camila Flores y H&M no solo ha puesto de relieve la problemática de la discriminación en el comercio, sino que también ha abierto un debate más amplio sobre la responsabilidad social de las empresas y la necesidad de políticas más efectivas para prevenir y abordar situaciones de discriminación. La resolución de este conflicto podría sentar un precedente para otros casos similares en el futuro, donde la protección de los derechos de los consumidores y la promoción de un trato equitativo sean prioritarios.
En el contexto actual, donde la sensibilidad hacia temas de discriminación y derechos humanos ha aumentado, el acuerdo entre Flores y H&M podría ser visto como un paso hacia adelante en la lucha contra la discriminación en el retail. Sin embargo, también plantea interrogantes sobre la efectividad de las medidas que las empresas están dispuestas a implementar para garantizar un entorno inclusivo y respetuoso para todos sus clientes.
A medida que la sociedad avanza hacia una mayor conciencia sobre la importancia de la igualdad y el respeto, es fundamental que tanto las instituciones como las empresas adopten un enfoque proactivo en la promoción de estos valores. La experiencia de Camila Flores podría servir como un llamado a la acción para que más personas denuncien situaciones de discriminación y para que las empresas implementen políticas más robustas que aseguren un trato justo y equitativo para todos sus clientes.
